Tras la violenta toma del Parlamento Nacional por milicias del partido de gobierno, grupos que fueron acompañados y contaron con la aprobación del mismo presidente Evo Morales, situación que redundó en una nueva ruptura del Estado de Derecho, a través de una sesión ilegal del Congreso que sancionó de manera irregular tres normas sin valor jurídico, Human Rights Foundation-Bolivia denuncia ante la sociedad civil y la comunidad internacional:
1. El cerco de las milicias sindicales al edificio del Congreso realizado durante varios días, que impidió el ingreso de varios parlamentarios de la oposición así como la salida de otros de estos legisladores, constituyéndose en una auténtica toma de rehenes.
2. La omisión de funciones por parte del Ministerio de Gobierno, a raíz del retiro del resguardo policial del Parlamento.
3. Las agresiones físicas contra la diputada Ninoska Lazarte, cuyos derechos fueron violentados por los integrantes de aquellas organizaciones.
4. El asalto y toma violenta del edificio del Parlamento por dichas milicias que portaban cachorros de dinamita.
5. La sesión ilegal desarrollada en esas condiciones irregulares, con parlamentarios rehenes y legisladores cuyo derecho al ingreso fue conculcado, y sin contar con el quórum correspondiente en el Senado.
6. El carácter ilegal de la sesión del Congreso determina que todas las normas sancionadas durante la misma carezcan de validez jurídica y se conviertan en un acto violatorio a la Constitución y a un Poder del Estado.
Ante esta situación, que configura un grave caso de desprotección de las garantías constitucionales y un atentado a los derechos humanos de toda la población, así como una flagrante violación a las normas jurídicas vigentes que puede desencadenar hechos de violencia, demandamos a la Organización de Estados Americanos la pronta aplicación de la Carta Democrática Interamericana y solicitamos a la Unión Europea el envío inmediato de observadores.
1. El cerco de las milicias sindicales al edificio del Congreso realizado durante varios días, que impidió el ingreso de varios parlamentarios de la oposición así como la salida de otros de estos legisladores, constituyéndose en una auténtica toma de rehenes.
2. La omisión de funciones por parte del Ministerio de Gobierno, a raíz del retiro del resguardo policial del Parlamento.
3. Las agresiones físicas contra la diputada Ninoska Lazarte, cuyos derechos fueron violentados por los integrantes de aquellas organizaciones.
4. El asalto y toma violenta del edificio del Parlamento por dichas milicias que portaban cachorros de dinamita.
5. La sesión ilegal desarrollada en esas condiciones irregulares, con parlamentarios rehenes y legisladores cuyo derecho al ingreso fue conculcado, y sin contar con el quórum correspondiente en el Senado.
6. El carácter ilegal de la sesión del Congreso determina que todas las normas sancionadas durante la misma carezcan de validez jurídica y se conviertan en un acto violatorio a la Constitución y a un Poder del Estado.
Ante esta situación, que configura un grave caso de desprotección de las garantías constitucionales y un atentado a los derechos humanos de toda la población, así como una flagrante violación a las normas jurídicas vigentes que puede desencadenar hechos de violencia, demandamos a la Organización de Estados Americanos la pronta aplicación de la Carta Democrática Interamericana y solicitamos a la Unión Europea el envío inmediato de observadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario